Hungría en tela de juicio
La adopción de una controvertida Constitución en Hungría levantó molestias a la Unión Europea (UE), cuyo órgano Ejecutivo abrió de inmediato tres procedimientos de infracción por considerar que el texto vulnera las normas comunitarias.
El presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, señaló durante una reciente reunión en Estrasburgo que los mecanismos fueron aprobados tras un sólido análisis jurídico.
La falta de independencia del Banco Central húngaro constituye la principal preocupación para la CE sobre la nueva Carta Magna del país, aprobada a inicios de 2010 y en vigor desde el 2 de enero.
Tras su llegada al poder, hace año y medio, el gobierno de derecha del primer ministro Viktor Orban sancionó 359 leyes y la polémica Constitución, que, según los opositores, tiene un carácter fuertemente conservador y nacionalista.
Reformas al sistema judicial y a la protección de datos contenidas en el paquete legislativo magiar también inquietan a las autoridades de los Veintisiete, grupo al cual pertenece el Estado centroeuropeo desde 2004.
Barroso afirmó que la entidad bajo su cargo usará todos los poderes posibles para asegurarse de que Hungría cumpla con los "principios, valores y reglas de la mancomunidad".
El Ejecutivo regional dio a Budapest un tiempo especialmente corto, como máximo un mes de los dos establecidos en tales casos, para satisfacer plenamente las exigencias y despejar dudas sobre la legalidad de la nueva ley.
En caso contrario, enviaría un dictamen, segundo paso del procedimiento de infracción comunitario, previo a la denuncia ante el Tribunal de la UE.
Después del anuncio de los procedimientos sancionadores, el Gobierno húngaro aseguró que responderá lo más pronto posible.
El objetivo es dar a las preguntas respuestas profundas y amplias, confirmó entonces un comunicado del gabinete.
Según analistas, a Budapest le preocupa el impacto de las actuales tensiones sobre el préstamo cercano a 20 mil millones de euros que Hungría espera recibir del Fondo Monetario Internacional y el Banco central Europeo.
Ambas entidades suspendieron en diciembre último las conversaciones preliminares con las autoridades magiares por los temores a que la ley sobre el Banco Central húngaro socavara la independencia de esa institución.
PUNTOS DE FRICCIÓN CON UE
Respecto al sistema judicial, una ley de rango constitucional incrementa el número de jueces en el Tribunal Supremo, de 11 a 15, y aumenta el tiempo de su mandato, de nueve a 12 años.
También limita sus competencias en materia presupuestaria y tributaria.
Para los críticos, la gubernamental Alianza de Jóvenes Demócratas (Fidesz) pretende controlar la entidad judicial, nombrando a nuevos magistrados afines que amplíen la alta corte.
Tal y como establece ahora la ley, el nombramiento de los integrantes del Tribunal corre a cargo del Parlamento, donde Fidesz tiene una abrumadora mayoría.
Las reformas incluyen además el adelanto obligatorio de la edad de jubilación de los jueces de los 70 a los 62 años de edad, una medida que discrimina a más de 250 magistrados y vulnera las normas europeas, según fuentes comunitarias.
Al respecto, el Ejecutivo de la UE pidió a Budapest más información sobre la independencia del poder judicial en el país.
En lo concerniente a la reforma bancaria, se creó un mecanismo bajo amparo legal para que el Primer Ministro designe a los dos vicejefes del Banco Central húngaro, cargos antes elegidos por el máximo responsable de la entidad.
La CE teme que la ley reduzca la independencia del Banco.
CRÍTICAS Y PROTESTAS
Tanto fuera como dentro del Estado centroeuropeo llueven las críticas contra el primer ministro Orban, luego de la aprobación del paquete legislativo, que, según sus detractores, concentra de forma ilegal el poder.
El documento identifica la nación política con la nación étnica, lo cual discrimina de hecho a las minorías no magiares asentadas en el país, señalan socialistas y liberales.
Tal como demostraron protestas recientes, cada vez más húngaros, principalmente los más jóvenes, comienzan a hastiarse del sistema partidista y expresan su descontento.
A inicios de este mes, decenas de miles de ciudadanos fueron movilizados por grupos cívicos y se reunieron frente al teatro de la Ã"pera de Budapest para protestar contra la entrada en vigor de la nueva Constitución.
Anterior a esa manifestación, un grupo de activistas fue arrestado tras haberse vestido de vagabundos y dormir en bancos, con el objetivo de llamar la atención contra las nuevas leyes que castiga la indigencia con multas o penas de prisión.
Esa regulación legal, respaldada por amplia mayoría en el Parlamento y ya en vigor, castiga con una sanción económica de 600 euros a quienes viven en las calles, y el encierro para aquellos que no puedan pagarla.
Las organizaciones defensoras de los derechos humanos en Hungría rechazaron al unísono la medida, al considerarla inaceptable y similar a otras aplicadas por el régimen nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
En varias ocasiones, la comunidad gitana húngara también ha expresado preocupación ante las oleadas de agresiones del partido de ultraderecha Jobbik, la tercera fuerza política del país, con 47 diputados en el Parlamento.
El Movimiento para una Hungría Mejor (Jobbik) consiguió 17 por ciento de los votos en las elecciones legislativas de abril de 2010.
Esa formación, fundada en 2003, está liderada por Gábor Vona, definido por sus críticos como un antisemita heredero del legado ideológico del fascismo y nazis húngaros, y que ha convertido el rechazo a los gitanos y a los extranjeros en uno de sus principales objetivos políticos.
También con regulaciones, los políticos húngaros restringen la libertad de prensa y enmudecen a quienes están disconformes. Además, han sido rápidos en ordenar a la policía reprimir las protestas.
